Su prohibición aumentaría el uso del carbón y se intensificarían las emisiones de CO2

La prohibición a largo plazo o una reducción significativa del arrendamiento de tierras y aguas federales a la industria del petróleo y gas, tendría consecuencias negativas en diversos planos, tales como el ambiental y el económico para la población. En cuanto al primero, se estima que el uso de carbón aumentaría en un 15% y las emisiones de CO2 en el sector eléctrico se ubicarían en 5,5% para 2030, de acuerdo a un análisis realizado por OnLocation para API.

Con respecto al impacto económico, las comunidades beneficiarias de servicios eléctricos serían las más afectadas por un incremento en las tarifas. «La administración de Biden hereda una sólida perspectiva energética estadounidense y garantizar el acceso al arrendamiento federal y al desarrollo energético es imperativo para continuar con los bajos costos de energía en los hogares, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de la energía extranjera», dijo el vicepresidente senior de Asuntos de Política, Economía y Regulación de API, Frank Macchiarola.

De acuerdo con el experto, la producción de petróleo y gas natural en tierras y aguas federales permite que la energía sea asequible y confiable, al mismo tiempo que los ingresos que genera el estado de esta actividad esencial, respaldan de forma prioritaria la educación, infraestructura y conservación a lo largo y ancho de todo el país.

El impacto sería definitivamente grande, pues si se impusiera una prohibición de arrendamiento, ocho estados occidentales podrían enfrentar pérdidas fiscales de más de $110 mil millones, y los gobiernos estatales enfrentarían la pérdida de regalías generadas por arrendamiento y los ingresos fiscales que financian servicios públicos como educación y policía. Estados como Nuevo México, Colorado, California y Montana se verían afectados negativamente. Para marzo, DOI informó que se desembolsaron casi $249 millones en ingresos por energía en el año fiscal 2020 a los  cuatro estados productores de petróleo y gas costa afuera del Golfo, incluidos Alabama, Louisiana, Mississippi y Texas.

“Alentamos al Departamento del Interior (DOI, por sus siglas en inglés) a que lleve a cabo una revisión de manera expedita y restablezca por completo el arrendamiento federal. Nuestra industria espera continuar con la colaboración de larga data con DOI para ayudar a enfrentar el doble desafío de reducir las emisiones al mismo tiempo que proporciona energía asequible y confiable para el pueblo estadounidense ”, afirmó Macchiarola.

Además, entre las consecuencias estaría la pérdida de casi 1 millón de empleos estadounidenses. El arrendamiento potencia los empleos y la actividad económica en los estados occidentales: en 2019, la actividad de petróleo y gas en tierras manejadas por la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) generó $ 75.8 mil millones en producción económica y respaldó 300 mil empleos. Hasta la administración de Biden el acuerdo por mantener las concesiones era bipartidista, debido a los claros beneficios económicos y ambientales.

Por otra parte, un punto importante es que el salario promedio por hora en la industria de la energía es de $25,60, lo que representa un 34% más que el sueldo promedio nacional por hora, que corresponde a $19,14, según datos de un informe publicado a principios de año por la Asociación de Oficinas Estatales de Energía, la firma de investigación BW Research Partnership y la iniciativa sin fines de lucro Energy Futures Initiative, encabezada por el exsecretario de Energía de la Administración Obama, Ernest Moniz.

Precisamente el expresidente Obama hablaba sobre el arrendamiento y el trabajo en conjunto con la industria para el beneficio de la población.  “Hemos abierto tierras públicas. De hecho, estamos perforando más en tierras públicas que en la administración anterior. El gas natural no está apareciendo por arte de magia, lo estamos impulsando y trabajando con la industria «, declaró en 2012.

Un informe de la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica (BOEM) de la era de Obama que analiza los efectos de las restricciones de arrendamiento en alta mar, encontró que las emisiones de gases de efecto invernadero de EEUU se verán poco afectadas y, de hecho, podrían aumentar levemente en ausencia de nuevas concesiones en alta mar.