Por NAHP Media

La industria petrolera y del gas natural ve preocupación las medidas tomadas por el presidente Joe Biden en materia de energía, ya que pronostica una pérdida masiva de empleos en el sector – lo que de hecho empezó a ocurrir con su primera orden ejecutiva –  y el impacto económico negativo en las poblaciones más vulnerables que se benefician de sus recursos.

La orden se generó el 20 de enero, cuando el mandatario asumió el cargo, con la revocación del permiso presidencial otorgado a TransCanada Keystone Pipeline, L.P., en marzo de 2019  para construir, conectar, operar y mantener las instalaciones de tuberías en la frontera internacional de los Estados Unidos y Canadá (Oleoducto Keystone XL).

“Es un golpe para más de mil trabajadores sindicales que ya estaban trabajando en un proyecto seguro y sostenible, uno que aprobó múltiples revisiones ambientales bajo la administración de Obama-Biden, así como un desaire a Canadá, vecino de Estados Unidos, amigo y proveedor número uno de petróleo importado”, escribió al respecto el periodista especializado en la industria, Mark Green.

Días después, según publicaciones de The Washington Post y The Wall Street Journal, se conoció que el presidente congelaría los arrendamientos de petróleo y carbón en tierras y aguas federales, mientras su administración revisa el programa actual. Esto generó nuevamente la reacción de la industria, que consideró la medida como un socavamiento de la seguridad energética de los estadounidenses, ya que prevé que la demanda de energía siga aumentando a medida que se recupera la economía sumida en crisis en medio de la pandemia, por lo que hay dos caminos, según indican: producir la energía en el país o depender de países extranjeros, que podrían ser contrarios a los intereses de la nación.

“Gracias a la revolución de la energía de esquisto, el uso más amplio de gas natural en el sector energético es la razón principal por la que las emisiones de dióxido de carbono de EEUU, que se producen de la generación de electricidad han caído un 33% desde su máximo en 2007”, escribió Green, quien aseguró que ninguna otra nación ha reducido tanto las emisiones de CO2 como Estados Unidos desde 2000, según datos de la Agencia Internacional de Energía.

La crítica a la administración de Biden se extiende hacia su política «Hecho en Estados Unidos», pues el sector de la energía asevera que esta no incluye al gas y el petróleo producido en el país, que representa casi el 70% de la energía utilizada por la población de acuerdo con la Administración de Información de Energía de EEUU, nación que se convirtió en la principal productora del mundo, un liderazgo que ahora pareciera verse comprometido, bajo la perspectiva del sector, el cual cree que estas medidas se traducirían en una política de incremento en la importación de petróleo.

Aunque la orden de congelamiento en tierras y aguas federales no afectaría los arrendamientos existentes, sí prohíbe las concesiones futuras. Según el Government Accountability Report, solo alrededor de la mitad de los permisos para perforar aprobados entre 2014 y 2019 están actualmente en uso. Así que la amenaza sería mayor ante acciones más severas.

La orden ejecutiva del 20 de enero, justifica la acción basada en el papel de liderazgo climático del país, “con el fin de lograr un aumento significativo en la acción climática global y poner al mundo en un camino climático sostenible. Dejar el permiso del oleoducto Keystone XL en su lugar no sería consistente con los imperativos económicos y climáticos de mi Administración”, se lee en el documento oficial.

Durante su campaña, Biden aseguró que la fracturación hidráulica (fracking) no sería un objetivo de su presidencia. Sin embargo, se refería a una revocación nacional que podría incluir propiedades privadas donde ocurre la mayoría de esta actividad. El 12% de la producción de gas natural y casi una cuarta parte de la producción de petróleo se generan en tierras y aguas federales.

«Vamos a llegar a cero emisiones netas para 2050, y llegaremos a cero emisiones netas de energía para 2035. Pero no hay ninguna razón para eliminar, en este momento, el fracking», aseguró Biden durante el CNN Town Hall en septiembre.

Según informó Forbes, las perforaciones en terrenos federales, generaron $11,7 mil millones en ingresos fiscales a nivel federal, estatal y local en 2020.

Por su parte, una encuesta realizada a votantes el pasado verano, llevada a cabo por Morning Consult, reveló que  el 93% de los entrevistados consideró importante que Estados Unidos produzca suficiente energía para evitar depender del petróleo extranjero, mientras que el 90% aseguró que es crucial crear acceso a la energía doméstica.

El llamado de la industria de petróleo y gas natural a la administración del demócrata es a retomar la política que mantuvo cuando era vicepresidente de Barack Obama: «todo lo anterior», que incluye el uso de energía renovable y no renovable en forma combinada para llenar las necesidades de la población.