Cuando el Presidente Biden asumió el cargo, uno de los primeros temas en su agenda fue instaurar una moratoria sobre los nuevos arrendamientos de petróleo y gas en terrenos y aguas federales mediante una orden ejecutiva. El impacto de la acción presidencial abarca varios estados, siendo Nuevo México uno de los más afectados.

Un impacto adverso involuntario de prohibir el arrendamiento afectará a 134,000 empleos bien pagados y los ingresos fiscales para la educación en Nuevo México. Como Presidente y Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Hispana de Albuquerque (Cámara Hispana), el tema me preocupa particularmente pues el petróleo y el gas aportan a nuestro estado la notable cifra de $1,370 millones para educación, lo cual representa más de un tercio del presupuesto educativo de Nuevo México. Este dinero se destina a los sueldos de los maestros, el desarrollo de planes de estudio y las prestaciones para la fuerza laboral. La Cámara Hispana considera que el financiamiento adecuado para las escuelas de Nuevo México es vital, especialmente en lo relativo a la demanda Yazzie/Martinez.  Es innegable que la educación de nuestros hijos es el fundamento para el progreso de las comunidades en el estado.

Además, según un informe reciente de la Asociación de Petróleo y Gas de Nuevo México (New Mexico Oil and Gas Association, NMOGA) los 134,000 empleos que dependen de la industria del petróleo aportaron $7,600 millones en ingresos laborales para los habitantes de Nuevo México, lo que representa el 14% del ingreso obtenido en todo el estado. En el sector público, uno de cada siete empleos gubernamentales también depende de la industria, sobre todo a nivel estatal y local.

Esta inquietud no es partidista, pues varios demócratas en nuestro gran estado apoyan el arrendamiento federal en Nuevo México, incluyendo a la gobernadora Michelle Lujan Grisham. Hace poco la gobernadora afirmó, “Me preocupa mucho que de modo directo y con poca orientación se anuncie la postergación […] una moratoria sobre las solicitudes de arrendamiento, y la realidad es que: una gran cantidad de petróleo y gas […] en la Cuenca Pérmica se encuentra en terrenos privados en Texas”. También ha impulsado ante la administración Biden una exención o suspensión para Nuevo México, pero falta saber si se otorgará la solicitud.

La administración Biden no debe establecer una prohibición para los habitantes de Nuevo México.  Podemos trabajar para encontrar una solución que funcione para nuestra economía y nuestro medio ambiente.  Esto se demostró recientemente pues durante más de un año, a través de varias audiencias públicas, los productores de petróleo y gas en conjunto con grupos ambientalistas negociaron reglamentos sobre el metano que aprobó la Comisión para la Conservación del Petróleo.  La gobernadora misma declaró, “Esto prueba que podemos cumplir nuestras ambiciosas metas climáticas y a la vez tener una industria de petróleo y gas sólida”, según publicó un reciente editorial del Albuquerque Journal.

El enfoque de la administración Biden para combatir el cambio climático puede ser bien intencionado, pero prohibir el arrendamiento federal dañaría gravemente nuestra economía y el robusto sistema educativo de nuestro estado. Exhorto al Presidente Biden para que reconsidere su prohibición sobre el arrendamiento federal por nuestros hijos y por los esforzados trabajadores del petróleo y gas de Nuevo México. No podemos perder este significativo flujo de ingresos que es esencial para nuestro sustento y la continua prosperidad de nuestro estado.  

Ernie C’de Baca, Presidente y Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Hispana de Albuquerque